Actualmente, los sistemas alimentarios se encuentran en un debate crucial. Por un lado, es urgente cubrir las crecientes demandas alimentarias de una población mundial en aumento. Por otro lado, es fundamental establecer un sistema de producción sostenible que pueda adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
Dentro de esta encrucijada, hay diferentes organizaciones y asociaciones que todavía no han conseguido ni agrupar a los países ni obtener el financiamiento para generar un desarrollo sostenible.
Ante este escenario, la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han surgido como propuestas clave para fomentar la sostenibilidad.
Si bien la Agenda 2030 presenta la agricultura sostenible como una oportunidad para generar crecimiento económico inclusivo y fortalecer la resiliencia del sector, se encontró con una fuerte desaprobación en sectores del ámbito productivo, que ven las medidas propuestas como una amenaza más que como una solución.
Garantizar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas que incrementen la productividad y calidad no es tarea fácil. Este desafío se ve acentuado cuando los cambios propuestos pueden afectar profundamente las concepciones de trabajo establecidas o carecen de períodos de transición, que permitan la adaptación a las nuevas normas y mecanismos de producción.
En ese sentido, los agricultores han manifestado serias preocupaciones sobre la Agenda 2030, manifestando que las políticas agropecuarias propuestas reducen drásticamente la rentabilidad y aumentan la carga burocrática, imponiendo restricciones severas sin ofrecer soluciones prácticas.
Además, critican la falta de un plazo de adaptación que permita una transición efectiva hacia las nuevas normativas ambientales.
El rol de los agricultores en la Agenda 2030
Si se piensa una agenda ambientalista en la que la agricultura y los agricultores desaparecerían en muchas regiones del mundo, es posible que, con el tiempo, los territorios abandonados por la agricultura regresaran a un balance positivo de carbono en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero.
En esa línea, en una sociedad sin agricultores, la seguridad alimentaria dependería de la importación masiva de alimentos, lo que alejaría a los países de la soberanía alimentaria.
Tal dependencia podría tener graves consecuencias en tiempos de pandemia, conflictos bélicos o frente a crisis climáticas extremas en los países de los cuales se importan los alimentos, incrementando los precios o dejando de producir, exponiendo a las naciones netamente importadoras de alimentos a profundas crisis.
Si bien la situación expuesta es extrema, lo es también una postura inflexible de los agricultores frente al cambio propuesto.
El camino hacia una posible solución
Algunos expertos coinciden en que un sistema alimentario que aspire a mitigar los efectos del cambio climático y alcanzar una agricultura descarbonizada requeriría mejoras significativas en los rendimientos de producción y tendría que estar acompañado de un enfoque estratégico para movilizar el financiamiento a largo plazo destinado al medio ambiente y al clima.
En este punto, es fundamental garantizar programas integrados y una planificación transformadora y justa, dejando en claro que se necesita un cambio en las prácticas agrícolas con incentivos y disposiciones que protejan el medio ambiente sin comprometer la sustentabilidad económica de los agricultores.
En resumen, repensar algunas cuestiones planteadas en la Agenda 2030 será clave para seguir avanzando y lograr una mayor sustentabilidad en los procesos productivos.
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